Autor | Jaime Ramos
¿Necesitan las ciudades inteligentes una legislación específica que contribuya a su desarrollo? Parece una cuestión a la que dar una fácil respuesta afirmativa, pero de difícil solución. Y es que, ¿cómo ha de ser la normativa que allane el camino de los desafíos urbanos?
¿Qué es la legislación de la ciudad inteligente?
Con ley de las ciudades inteligentes nos referimos al conjunto de códigos legales que afectan a la planificación, el desarrollo y la regulación de las particularidades que rodean el concepto de ciudad inteligente.
Se podría pensar que ya existe una experiencia milenaria de regulación en torno a los espacios urbanos. Sin embargo, los retos tecnológicos de las ciudades inteligentes están planteando también la necesidad de actualizar y evolucionar los ordenamientos jurídicos. Este estudio de la Universidad de Qatar pone su énfasis en ello:
"Los legisladores han de ir más allá de los beneficios inmediatos de las ciudades inteligentes para identificar todos los impactos potenciales del proceso de regulación y gobernanza".
Motivos para pensar en una legislación para ciudades inteligentes
¿Por qué una normativa consensuada en torno a los estándares de las ciudades inteligentes? Existen motivos muy sustanciosos.
Salvaguardar los derechos fundamentales
Inteligencia artificial, IoT, cámaras inteligentes, digitalización, tratamiento masivo de datos personales… las nuevas tecnologías que introducidas han dado una vuelta de tuerca en torno al contenido de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La necesidad de nuevos códigos es extensa y compleja, desde la prevención de ciberataques a cómo se ha de gestionar la seguridad urbana.
Posibilitar la consecución de objetivos
Esta implicación resulta obvia, pero imprescindible. Un marco regulatorio férreo y que delimite la actuación de los sectores público y privado contribuye a incrementar la eficacia al alcanzar metas.
Fundamentar la cohesión social y económica
Parte de la necesidad de establecer un marco legal de convivencia que impulse el bienestar colectivo y reconduzca intereses y la capacidad tecnológica hacia el crecimiento y el beneficio de las comunidades.
Mecanismos de control y transparencia que eviten abusos de poder
Uno de los puntos más complejos, pues se refiere al control de la gobernanza para cumplir con los intereses comunes que la justifican (Quis custodiet ipsos custodes?). Aspiraría, por ejemplo, a encontrar los límites éticos y morales de los nuevos sistemas de crédito social.
Coordinación entre agentes jurídicos
Una ley de ciudades inteligentes conciliaría los intereses que se dan en los distintos marcos de producción y aplicación normativa, tanto desde la perspectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como en las esferas locales, regionales y estatales o público-privadas.
Tres ejemplos sobre la necesidad de una actualización jurídica
Datos y privacidad
Un debate sempiterno, intensificado por las nuevas tecnologías. Tras la pandemia fuimos aún más conscientes del dilema de establecer las relaciones entre las ventajas y desventajas de compartir datos personales. Según el experto en la materia, Edouard Geffray:
"El desafío empieza cuando eres consciente de que el enlace entre lo privado y lo público solo es posible mediante el flujo de datos. Este flujo debe ser fluido y eficiente y también enmarcado por los principios de respeto por la privacidad y libertad personal".
H3 La sostenibilidad
Dada la gran cantidad de intereses, muchos contrapuestos, que requieren retos como la descarbonización, se hace cada vez más acuciante conciliar normativas para dar con unas directrices comunes para las ciudades inteligentes. La ONU, consciente de ello, ha puesto a disposición de las ciudades una guía propia.
El vehículo autónomo
El panorama con el coche autónomo representa a la perfección cómo una nueva tecnología puede poner todo "patas arriba". Cuenta con innumerables implicaciones que van pseudoregulándose de forma dispar según el territorio. Una legislación para ciudades inteligentes podría homogeneizarlas.
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